UOC Ciudades

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Blog del Máster oficial de Ciudad y Urbanismo

La compleja terna: Infraestructuras – Sociedad – Legislación

20 Marzo, 2013

La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica

– Aristóteles

Cuentan las principales escuelas de negocios que un emprendedor no consigue el éxito hasta que se ha arruinado como mínimo dos veces en su vida. Esta expresión coincide totalmente con la afirmación del polímata griego, que pone de manifiesto la necesidad de equivocarse tomando decisiones para acabar de comprender los conceptos teóricos inculcados en las aulas.

Puede parecer insensato iniciar una entrada del blog sobre infraestructuras con referencias históricas y al mundo de los negocios. Sin embargo, es preciso poner al lector en antecedentes para poder justificar el enfoque del presente texto. Mi intención es iniciar una sección del Blog de Gestión de la Ciudad y Urbanismo enfocada a exponer situaciones controvertidas causadas por actitudes o decisiones concretas de instituciones, técnicos y conciudadanos en la época de vacas gordas en que hemos vivido. Por extraño que parezca, considero que dichas reflexiones pueden iniciar un debate de fondo sobre el proceso planificador y urbanizador, así como replantear algunas dinámicas existentes. Lo repito antes de empezar para evitar malentendidos: no pretendo poner el dedo en la llaga de nadie en concreto, mi intención es iniciar un debate sobre la idoneidad del sistema que nos rodea. Y si con ello se consigue arreglar alguna incoherencia, mejor.

Centrémonos en tres conceptos [1]: infraestructuras, sociedad y legislación. Consideremos las Infraestructuras Urbanas como el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el funcionamiento de una ciudad. Entendamos la Sociedad como la agrupación de personas que habitan la ciudad. Y por último, pensemos en la Legislación Urbanística como el conjunto de normativas que pretenden unificar la implementación de las infraestructuras urbanas para que den un buen servicio a la sociedad. Hasta este punto, me permito creer que mantenemos el consenso.

Ahora bien, si les planteara cuál de los tres conceptos debe prevalecer sobre los demás para el buen gobierno de las ciudades, ¿Qué me dirían?

Evidentemente la respuesta no es sencilla. De hecho, lo único que puedo afirmar con seguridad, es que si alguien ha podido responder sin vacilar estamos en el mal camino… Déjeme que les plantee algunas dudas que me han ido surgiendo a lo largo de mi carrera profesional para ver si conseguimos posicionarnos:

En España disponemos de la normativa de trazado 3.1.IC que determina los parámetros de diseño de las carreteras interurbanas. Sin embargo, no existe normativa alguna que regule el trazado de estas infraestructuras cuando pasan por suelo urbano. ¿Piensan que es razonable que por falta de normativas de trazado en ciudades se obligue a proyectar con criterios de carreteras aun sabiendo las afecciones que eso provoca? ¿Es justo primar los criterios de la normativa antes que el respeto a la ciudad, al territorio y al medio ambiente?

Gran parte de las normativas y directrices sobre infraestructuras urbanas tienden a establecer unos parámetros mínimos a cumplir, en vez de regular el sistema de cálculo con el que dimensionar los servicios. ¿Qué sobrecoste de la infraestructura estamos dispuestos a asumir para mantener ciegamente unos parámetros preestablecidos de forma genérica y con coeficientes de seguridad excesivamente elevados?

El dimensionamiento de redes de servicios e infraestructuras de transporte se realiza en muchos casos considerando la demanda prevista en un horizonte de 20 años. ¿Deben estos estudios de demanda proyectada los que determinen la capacidad de las infraestructuras? ¿Se puede confiar ciegamente en esos resultados? ¿Qué margen de maniobra dejamos al urbanista para interceder y arreglar los problemas de funcionamiento actuales?

Para bien o para mal, este es un tema que dejo a su consideración, en los últimos años ha incrementado el número de empresas de servicios que han sido privatizadas. De hecho no se ha privatizado solamente la gestión de la red, también la propiedad de la infraestructura física. ¿Es sensato que una compañía privada tenga potestad para exigir a un promotor como debe proyectar una determinada infraestructura dentro de su sector urbanístico? ¿Y que una empresa concesionaria cuantifique económicamente sus intervenciones y que esto le valga para incrementar el tiempo de concesión?

Planteemos ahora la aplicación de normativas de nuevas redes para casos en que la ciudad ha sido desarrollada sin cumplirlas. O normativas de obligado cumplimiento que aparecen a posteriori y se aplican con carácter retroactivo. ¿Podemos exigir a una urbanización ya asentada que cumpla con los nuevos criterios de diseño de redes? ¿Quién debe hacerse cargo de ello? ¿Y caso que existan normativas de diferentes administraciones que legislen sobre el mismo caso de forma diferente?

Bien, estos temas y algunos más, son los que se pretenden desarrollar en las siguientes entradas de la sección. En definitiva, centrémonos en el siguiente debate: ¿es posible funcionalmente normativizar de forma genérica la implementación de las infraestructuras urbanas? ¿Qué afectaciones sobre la ciudad o el territorio estamos dispuestos a asumir para cumplirlas? ¿Qué sobrecoste podemos asumir como razonable?

Evidentemente las normativas sobre infraestructuras urbanas son necesarias para el buen gobierno de las ciudades. Eso no se pone en duda. Permiten fijar unas directrices de proyecto únicas para todos, de modo que se evita la picaresca de los promotores. También facilita a los técnicos y gestores públicos justificar sus decisiones jurídicamente. No obstante, cuando la infraestructura en proyecto tiene una clara utilidad pública y se demuestra que técnicamente existen otras opciones viables, ¿no se debería poder compatibilizar conocimiento teórico con la destreza de aplicarlos a la práctica? ¿O será que aún es preciso arruinarse otra vez para comprender el buen funcionamiento de la disciplina?

[1] Definiciones extraídas de www.rae.es y ajustadas al contexto urbano por el autor.

Sobre el autor

Profesor del Máster Universitario de Ciudad y Urbanismo. Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Investigador posdoctoral en la Universidad de Cambridge. Web.
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