Los ciudadanos y la seguridad

9 Mayo, 2013

Hace algunas semanas en una jornada organizada por Metrópolis, el director de servicios de prevención del ayuntamiento de Barcelona afirmaba que las decisiones finales sobre las políticas de seguridad no las tenían que tomar los vecinos, sino las autoridades responsables del tema. Aunque previamente el entonces ponente había manifestado que consideraba imprescindible la participación de esos mismos vecinos en el proceso de elaboración de las citadas políticas, un número no menospreciable de los asistentes respondieron acaloradamente ante tal afirmación, calificándola como poco menos que reaccionaria, autoritaria, antidemocrática o cosas similares. Es extremadamente relevante analizar esta cuestión porque es clave en una sociedad democrática y, por eso mismo, es deseable tratarlo con un poco de profundidad y con matices que, desde mi punto de vista, son cruciales.

Empezando por el principio: ¿Es necesaria la implicación de los ciudadanos en las políticas de seguridad? La respuesta ha de ser extremadamente contundente: Sí, es imprescindible. Pero no (aunque también) por un prurito de participación democrática sino porque es imposible mantener niveles de seguridad aceptables sin contar con la ciudadanía, porque son los mismos ciudadanos/as los que generan las situaciones de inseguridad. Aquellos que molestan a los vecinos con sus ruidos, que ponen en peligro la seguridad viaria, que destruyen patrimonio urbano, que sustraen propiedades ajenas o que causan lesiones a terceros son ciudadanos/as (por fortuna hace siglos que hemos dado el salto cualitativo de considerar que los delincuentes no son enemigos, sino ciudadanos un tanto antisociales). En consecuencia, para mejorar esta seguridad hay que conseguir modificar esas conductas que provocan los riesgos para la seguridad. Incluso las políticas más autoritarias tienen como objetivo, al menos teórico, conseguir que los ciudadanos lleven a cabo conductas que favorezcan la seguridad. Así, por ejemplo, la seguridad viaria mejora cuando aquellas personas que conducen vehículos a motor se comportan de manera prudente. Si esto no se consigue, los poderes públicos no podrán garantizar la seguridad por mucho que pongan un agente de la autoridad en cada esquina, cosa, por otra parte, es claramente inviable.

Una vez aclarado este punto que me parece esencial, vayamos al núcleo de la cuestión que se discutía en el mencionado foro: ¿Es necesaria la participación de los ciudadanos en la configuración de las políticas de seguridad? La respuesta ha de ser de nuevo positiva. La investigación nos demuestra cómo los ciudadanos sólo entienden que su seguridad mejora si las políticas públicas afrontan lo que ellos han identificado como sus problemas en este ámbito [1]. Así, si las decisión sobre qué se considera prioritario en materia de seguridad se decide desde la sede central del operador público sin tener en cuenta la opinión de los vecinos puede darse el caso que los objetivos se alcancen, que se mejoren los indicadores de la seguridad en los ámbitos considerados problemáticos pero que los vecinos no perciban que la seguridad ha mejorado. Un caso paradigmático de esta situación la encontramos en las políticas policiales de “sabiduría en la calle” iniciadas por la policía de Amsterdam en el año 1999 [2]. Como ya vimos en un post anterior que la seguridad es fundamentalmente subjetiva [3], por mucho que los indicadores objetivos mejoren, si los vecinos no consideran que estas mejoras satisfacen lo que ellos consideran como sus necesidades en materia de seguridad estaremos en el mismo lugar que al principio, no habremos mejorado nada. Por ejemplo, si hemos reducido la suciedad en las paredes o en los espacios públicos, pero los vecinos creen que el problema principal era el ruido nocturno, el tráfico o la presencia de gente que consume alcohol, no habremos avanzado nada, por mucho que demostremos que el número mayor de infracciones estaba relacionada con conductas que ensuciaban los espacios públicos, incluso creando problemas de higiene.

Llegado este punto afrontemos el problema político de la discusión: ¿Tienen derecho los ciudadanos a participar y a decidir a qué se han de dedicar prioritariamente los poderes públicos en el ámbito de la seguridad? Planteada así la pregunta, la respuesta no me parece clara. Se me antoja que no se trata de una pregunta, sino de dos. Vayamos por partes, si el interrogante lo que plantea es si los ciudadanos tienen derecho a hacer saber sus necesidades y prioridades en materia de seguridad y que los poderes públicos están obligados a escucharlos, la respuesta ha de ser nuevamente rotunda: Sí, sin ningún tipo de duda. Si me apuran, iré más allá. Los poderes públicos no están únicamente obligados a escuchar a los ciudadanos, sino también, en la medida de lo posible, a intentar dar respuesta a sus demandas. ¿Qué quiero decir cuando pongo como condicionante “en la medida de lo posible”? Aquí está, en realidad, el quid de la cuestión y la base del desencuentro entre los asistentes al acto y el ponente con el que he empezado este post. En primer lugar, y para empezar con lo más fácil, es posible que las demandas de los ciudadanos superen, sobretodo en los momentos de crisis actuales, los recursos de la Administración para hacer frente a la situación. En este caso no se le puede exigir al poder público que satisfaga al cien por cien las demandas de los ciudadanos. La obligación en este caso se centraría en explicar suficientemente la situación y justificar porqué los recursos disponibles se dedican a unas finalidades y no a otras, cosa que también se podría llegar a discutir con los vecinos.

Sin embargo hay otro punto mucho más problemático: ¿Qué sucede cuando las demandas de los vecinos se centran en temas absolutamente locales, ignorando las necesidades globales de la ciudad? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si nadie quiere una sala para asistir drogadictos en su barrio si se considera que es un servicio necesario para la ciudad? ¿o una prisión? ¿o una comisaría de policía porque implica, entre otras cosas, ruido de las sirenas de las sirenas de los coches patrullas y, para algunos, riesgo de atentados terroristas? ¿Hay que acceder a las peticiones de los vecinos y dejar de instalar servicios necesarios para el conjunto de la ciudad? ¿Qué tienen que hacer las autoridades que han detectado que una de las circunstancias que favorece la siniestralidad vial es la existencia de vías en las que se circula en doble sentido si los vecinos quieren mantener este doble sentido en las calles de su barrio, porque así se evitan muchos rodeos innecesarios desde su punto de vista?

Vayamos finalmente con el tema más espinoso, ¿qué ocurre si los vecinos hacen peticiones que vulneran los valores básicos del sistema? Por ejemplo, ¿Qué ocurre si los vecinos piden que se expulse a un determinado grupo o colectivo del barrio? ¿Hay que expulsar al emigrante étnicamente diferente y pobre del barrio porque su visión genera inseguridad a los vecinos? ¿o a los homosexuales que muestran que lo son públicamente? ¿Hay que maltratar a los que han cometido actos delictivos como algunos ciudadanos pretenden? De hecho, bien mirado, no hay nada más participativo que un linchamiento. Alguien identifica al delincuente y los miembros del grupo proceden a aplicarle lo que ellos consideran que es el castigo apropiado para los hechos que creen que ha cometido (para los amigos de la arqueología cinematográfica les recomiendo el visionado de la película “Furia”, que, aunque con casi ochenta años a las espaldas, es de tremenda actualidad [4]). A nivel de participación no hay nada que incorpore un grado más alto de participación, otra cosa es que sea democrático, porque participación y democracia en este campo no siempre coinciden, sobre todo si se articulan de manera desordenada y precipitada.

Por otra parte, no entraré aquí en profundidad a plantear la dificultad de constatar la representatividad de ciertos grupos y asociaciones. Las nuevas redes sociales y la crisis del asociacionismo tradicional nos han de obligar a reconsiderar los mecanismos tradicionales de comunicación con las personas y grupos que forman parte de la sociedad. En la media en que las nuevas tecnologías, y, en consecuencia, las nuevas redes sociales estén al alcance de todos evitaremos que la participación “influyente” la lleven a cabo sólo los más fuertes o los mejor organizados.

En conclusión, por todo lo dicho hasta ahora, creo que nuestras sociedades no su pueden permitir no contar con la participación de la ciudadanía en la configuración de las prioridades que han de abordar las políticas públicas de seguridad. Hemos visto que no se trata únicamente de un requisito de la democracia, sino también de eficacia. Ahora bien, la política ha de gestionar demandas, a veces contradictorias, respetando los principios y valores de nuestros estados democráticos, cosa que implica tomar decisiones, que hay que explicar de manera transparente para que los vecinos puedan llegar a sus propias conclusiones y plantearse, en su caso, alternativas políticas. Dejar la decisión sobre las políticas de seguridad en manos de los ciudadanos de manera directa y pura, sería no afrontar la responsabilidad de gestionar los conflictos subyacentes y dejar los problemas irresueltos en manos de la ciudadanía para que los resolvieran directamente, con la posibilidad nada incierta de que se impusieran los más fuertes, justo como si no hubiera Estado.

1 Vid. MEDINA, J. 2010. “Políticas de seguridad ciudadana en el contexto urbano y prevención comunitaria. La experiencia anglosajona”. Revista Electrònica de Ciencia Penal y Criminología, 12-02 http://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12-02.pdf

2 Vid. GUILLEN, F. 2012. Policía i Seguretat. UAB. Bellaterra.

3 GUILLEN, F. 2013. La seguridad como objeto de políticas públicas [artículo digital] Blog de Gestión de la Ciudad y Urbanismo, UOC. [Consultado el 8 mayo 2013]

4 Se trata de la película de la Metro-Goldwin-Mayer “Fury” (en versión original inglesa), dirigida por Fritz Lang el año 1936.

Sobre el autor

Colaborador del programa Ciudad y urbanismo. @franguila
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