UOC Ciudades

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Blog del Máster oficial de Ciudad y Urbanismo

Blue collar and white collar revisited

13 Septiembre, 2013

Revisaba estos días un magnifico artículo de Fernando Álvarez Uría sobre Sutherland y el delito de cuello blanco, cuando un tema de espionaje político de poca monta (ya ven, 1500 euros por una información facilitada finalmente por una portera de inmueble –cuidado, sin menospreciar la profesionalidad de las porterías que siempre ha brillado entre las fuentes de información policial), me hizo sentirme saturado por los ejes informativos del verano y dije: basta.

Espionaje político y de políticos (que no es la lo mismo), intervención de las comunicaciones personales de miles de ciudadanos, corrupción política, prevaricaciones varias, delitos financieros y fiscales, evasión de capitales, lavado de dinero de procedencia irregular o no regulada, y algunos otros casos que, como diría el poeta, recordar no quiero, ejecutados así por los partidos políticos gobernantes a nivel local, autonómico y estatal, como por el empresariado beneficiado coadyuvante.

Cosas de las vacas gordas: abundancia de dinero fácil con abundancia de posibilidades y cegueras políticas y administrativas sobrevenidas también fáciles.

Es cierto que la editorial del blog nos recomienda el uso de hipervínculos para ilustrar nuestras afirmaciones. Pero para ilustrar estos párrafos anteriores, he preferido –en aras de la pluralidad- que ustedes mismos elijan el ejemplo en la prensa nacional e/o internacional. Viene trufada de casos y, seguro, que el que ustedes elijan será el más apropiado.

Curiosamente todos estos “affaires” tienen una tipificación penal, pero que a pesar de su importancia, bien por las cuantías (hablamos de miles de millones de euros en los casos de los delitos financieros y fiscales, o de decenas o cientos de millones de euros en la evasión de capitales, prevaricaciones, lavados de dineros varios, etc), y del impacto social que suponen (crisis de valores democráticos, de fe en la justicia o en las instituciones), tienen un reflejo escasísimo en las estadísticas del sistema de justicia criminal y escapan a lo que conocemos como políticas públicas de seguridad comunes.

En su artículo “Criminalidad de Cuello Blanco” Sutherland, avisaba de que uno solo de alguno de estos delitos (como por ejemplo pudiera ser el fraude a la hacienda pública), puede suponer un monto económico superior al del valor de las miles de faltas penales cometidas en un territorio: “El costo financiero del delito de cuello blanco es, probablemente, muchas veces tan grande como los costos financieros de todos los delitos que están habitualmente considerados como “el problema del delito”.

Vamos a ser muy generosos con el término “políticas públicas”. Éstas se suponen como el resultado de un proceso de evaluación, discusión y toma de decisiones acerca de un determinado problema. Si de verdad se realiza ese proceso de evaluación, no es posible que no se dispongan los recursos necesarios para luchar contra ese tipo de delincuencias.

Como nos indica Subirats raramente los procesos de evaluación de las políticas públicas finalizan con la toma de una decisión racional, si no más bien finalizan en una solución de compromiso.

Pero no, la preocupación formal sobre el crimen de la concepción neoliberal de lo que el estado debe procurar, excluye este tipo de hechos y eso supone un verdadero problema para los ciudadanos en general y para los operadores de SJC en particular, que se enfrentan a fuerzas tan poderosas como para paralizar procesos e investigaciones.

Así, simplemente se desvían estos hechos del concepto general en que se que tipifica la criminalidad y se les traslada al espacio del debate político/mediático donde suelen acabar perdidos en el “tempo” procesal y sus plazos: las triquiñuelas procedimentales de los bien pagados bufetes de abogados prestigiosos, los errores procesales y la infiiiiiita lentitud de una justicia mal dotada de recursos. Resultado: sobreseimientos, caducidades, prescripciones por agotamiento de plazos, etc, etc, etc.

En algunas ocasiones paga con la cárcel algún peón secundario, sin que las causas generen responsabilidades políticas ni penales, excepto para –asómbrense- algún juez correoso, como el ex-magistrado Garzón, que fue apartado de la carrera judicial por intentar procesar a una frondosa red criminal de corrupción.

Para la concepción neoliberal, el crimen se circunscribe en tres ámbitos bien diferentes: la seguridad vial, la criminalidad común y el orden público.

Los dos primeros son, curiosamente, ámbitos en los cuales desde hace un lustro las cifras bajan. Han bajado los accidentes mortales de tráfico y están bajando los delitos en general aún a pesar de las llamadas a la alerta. Recuerden los avisos de políticos con mando en plaza y de responsables policiales, sobre la conversión del obrero parado en delincuente común, en los primeros años de la crisis.

¿Pero sabemos cuales son los objetivos de las políticas públicas al respecto? ¿Conocemos si se ha evaluado los resultados de tales políticas públicas?

Pareciera que, mientras bajan los índices, la influencia de tales políticas –generalmente reactivas- fuera positiva. Ahora bien, cuando repuntan en algún momento las estadísticas, curiosamente se mantienen los discursos y pareciera, como en el caso de los antibióticos de amplio espectro, que esas políticas sirven para una cosa y para su contrario.

El rigor policial y judicial sobre el espacio público en un país con más de cinco millones de parados y donde las estadísticas criminales cada año aparecen contenidas o a la baja, parece desproporcionado en relación a los delitos de los poderosos.

El caso del orden público es diferente. Aquí las políticas son meridianamente claras. A mi modo de ver y dada la realidad económica, se invierte más recursos en la reacción que en la prevención del conflicto social.

En el próximo post seguiremos con Sutherland.

Sobre el autor

Profesor colaborador en la asignatura Ciudad, inseguridad y conflicto del Máster Universitario de Ciudad y Urbanismo. Licenciado en Historia General y Geografía, y máster en Política criminal y servicios sociales. Departamento de Interior, Generalitat de Catalunya. Linkedin
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