La Prevención de la delincuencia y la in/seguridad y algunos discursos perversos.

23 Septiembre, 2013

Resulta realmente complicado hablar en serio sobre la prevención. Hay varias razones que dificultan una discusión clara y seria.

En primer lugar, nadie se atreve a decir públicamente que la finalidad de la actuación de los poderes públicos y muy especialmente de la policía y otros agentes del sistema de justicia penal no ha de ser la de prevenir futuros delitos o situaciones que causan inseguridad. Es muy posible que no haya nada de falso en este discurso. Muy probablemente todos son sinceros cuando manifiestan que la finalidad de la acción pública en el ámbito del delito y la seguridad ha de ser la de prevenir incidentes futuros en estos ámbitos.

Ahora bien, si centramos la discusión en la manera en que hay que llevar a cabo esta prevención, cosa que muy frecuentemente ya no sucede, aquí las unanimidades empiezan a desaparecer. Así, existe un grupo de opinión relativamente amplio que piensa que la prevención se consigue a través de la denuncia de las actividades ilegales y la consiguiente sanción y condena de los infractores. Según esta opinión la intervención de la policía, la justicia i otras instancias inspectoras y sancionadoras de la Administración tendría un doble efecto:

  1. Retirar de la circulación a los infractores ya convictos, cosa que sucede con las personas que han cometido delitos que tienen legalmente atribuida una pena privativa de libertad. Ésta era la idea que estaba detrás del planteamiento del “Three strikes and you are out” que impregnó numerosas reformas de los códigos penales de los estados miembros en Estados Unidos en los años noventa. La idea era penalizar a los delincuentes habituales reincidentes en delitos menores con la pena propia de un delito grave para sacarlos de la circulación por un largo período de tiempo.
  2. Intimidar a los futuros posibles infractores con la sanción de los infractores actuales. En la medida que los hipotéticos infractores en el futuro vean que las conductas que ellos pretendían llevar a cabo son efectivamente castigadas desistirían de sus propósitos.

Ninguna de las dos ideas es descabellada. Es cierto que retirar infractores/delincuentes habituales de la circulación reduce la delincuencia y, por tanto, previene y también lo es que una cierta certeza del hecho que determinadas conductas son efectivamente castigadas puede intimidar futuros infractores. De hecho la investigación ha demostrado que en unos pocos delitos y contextos muy concretos sí que se da este efecto. El problema se plantea si, conociendo un poco el tema, y yendo más allá de las discusiones de café, a la que tan aficionados son algunos círculos políticos, constatamos dos aspectos relevantes en las intervenciones preventivas que únicamente se basan en la sanción de las infracciones presentes:

  1. Una exasperación del castigo hace perder legitimación a la intervención de los poderes públicos, como ha dicho el profesor Valentín (poner vínculo) recientemente en este mismo foro, cosa que disminuye notoriamente su efecto preventivo.
  2. Si tenemos en cuenta que la policía, en el mejor de los casos, llega a conocer el 50 % de los delitos que efectivamente se producen 2 y que una vez los detecta, muchos de ellos quedan sin castigo por parte de la Administración o los tribunales por motivos diversos, resulta muy difícil pensar que la policía y el sistema penal pueden llegar a denunciar y castigar todas las conductas ilícitas, como muy acertadamente afirma el profesor Medina en su reciente libro sobre las políticas de prevención 3.

Es, en consecuencia, tanto una falacia pensar que se puede conseguir una certeza absoluta de la pena en nuestras sociedades como que la ciudadanía acepte razzias punitivas en aumento continuo. Hay que buscar, pues, otras vías que acaben modificando la conducta de los hipotéticos infractores por otras vías. Hace ya años que la moderna criminología ha destacado la necesidad de atajar las causas, las circunstancias que facilitan la comisión de delitos y la difusión de la inseguridad entre la población. Las vías pueden ser múltiples, campañas formativas en las escuelas y con sectores que pueden ser objeto de actos ilícitos, modificaciones en el diseño de las ciudades, ofreciendo alternativas efectivas a la vida criminal a sectores en riesgo de delinquir, favorecer los recursos de las estructuras familiares y la cohesión comunitaria…….La lista puede ser interminable, ya que dependiendo del delito o de la inseguridad los ámbitos en que se debe intervenir pueden ser diversos.

Este discurso ya es negado por algunos, sobre todo por la dificultad de ver la relación causa-efecto y por considerar que a través de estos mecanismos se puede acabar premiando a los peligrosos en lugar de castigarlos como corresponde. De todas maneras, no recibe un rechazo mayoritario entre personas que tengan un mínimo conocimiento del tema y que no tengan ideas políticas muy radicales (sobretodo de tinte conservador), sino que hay todavía un sector amplio que acepta la bondad de estos planteamientos y la necesidad teórica de intentar incidir en los factores que favorecen la delincuencia.

Ahora bien, existe un discurso muy perverso entre muchos de aquellos que aceptan la necesidad de este tipo de medidas preventivas, ya que, sin negar su necesidad teórica, las dejan de banda en la práctica porque las consideran caras, acusación que, en estos momentos, resulta equivalente a una sentencia de muerte para cualquier propuesta de este tipo. Evidentemente algunas de las actuaciones necesarias para la prevención representan gastos, hay que pagar educadores, servicios sociales, de urbanismo, etc., para que hagan estas funciones. De todas maneras hay que matizar mucho en este punto porque la realidad nos demuestra que hay mucha iniciativa ciudadana que contribuye de manera notable a las funciones preventivas, basta echar una mirada al Mapa de Actores en Prevención del Ayuntamiento de Barcelona 4 para constatar que casi la mayoría de ellos no dependen de los poderes públicos, sino que responden a iniciativas privadas de tipo diverso. Pero, en cualquier caso, sí, reconozcámoslo, las políticas de prevención necesitan de fondos públicos para poderse llevar a cabo. Absolutamente cierto.

La necesidad de invertir recursos públicos, escasos en momentos de crisis, podría ser un argumento contrario a la implementación de programas de prevención si su ausencia no resultara todavía más costosa y ésta es precisamente la parte de la realidad que se ignora o se oculta. ¿Qué nos cuesta la inseguridad o la delincuencia? ¿No hay que pagar a la policía, a los abogados de oficio, a los fiscales, a los jueces y magistrados, a los peritos que intervienen en los procesos, a los traductores en caso de delincuentes, víctimas o testigos extranjeros, a los funcionarios que intervienen en los procedimientos sancionadores? ¿No hay que pagar las prisiones y los funcionarios que trabajan en ellas? ¿No hay que tratar, desde los poderes públicos a las víctimas que padecen secuelas físicas o psíquicas? ¿No es nocivo para la economía que ciertos espacios públicos no sean frecuentados por la población porque se sienten inseguros? ¿Quién les paga a los propietarios de los negocios que existen en estos lugares sus pérdidas? La importancia de visualizar estos costes ha llevado a estudiosos relevantes a ponerse a trabajar en ello (un buen ejemplo se puede encontrar en ¿Cuánto cuesta la violencia en El Salvador? (pdf).

En todo caso, es muy curioso observar como los que proponen únicamente la punición como instrumento de prevención, rechazando la prevención en sentido propio o amplio por costosa, obvian totalmente los coses del sistema punitivo, como si no existieran. Como no todos ellos serán unos ignorantes o indocumentados hay que pensar, pues, que detrás del argumento de la carestía de la prevención se esconden modelos políticos claros y concretos, que hace décadas que siguen fracasando en el tratamiento del delito y de la inseguridad.

1 (Acerca del uso de in/seguridad en el título) Utilizando terminología del maestro Curbet.

2 Vid. Gondra, J. 10 anys d’Enquesta de seguretat pública de Catalunya. Experiències europees. Balanç i reptes de futur. Generalitat de Catalunya. (pdf) Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Secretaria de Seguretat.

3 Vid. Medina, J. (2011). Prevención del delito y seguridad ciudadana. Madrid, Edisofer.

4 El Mapa de Actores en Prevención. Ayuntamiento de Barcelona.

Sobre el autor

Colaborador del programa Ciudad y urbanismo. @franguila
...
Tags

Comentarios

Deja un comentario