La Habana, ¿una ecuación imposible? (I)

Por Carlos G. Pleyan. Colaborador docente y profesor Consultor en el programa de posgrado de Instrumentos para la intervención integral de la ciudad.
–

En octubre de 2004, Temas publicó el artículo «La Habana 2050», de Carlos Garcia Pleyán. Diez años después, su autor vuelve sobre el tema para analizar cuánto ha cambiado —o no— el problema en una década, y proponer soluciones y estrategias. Con esta entrega, Catalejo abre una línea que pretende festejar los 20 años de Temas, con textos que actualicen asuntos tratados en las páginas de la revista durante este tiempo.

¿Es ya la ciudad de La Habana una ecuación imposible, un problema sin solución, un embrollo sin remedio? Aprovecho el polémico título de uno de los últimos libros publicados por Jordi Borja (La ciudad, una ecuación imposible [1]) para subrayar la dramática situación en que se encuentra la otrora Llave del nuevo mundo. Una respuesta afirmativa a ese interrogante sería moral, política e históricamente inaceptable. No puede haber nada que justifique la desidia ante las crecientes necesidades de sus pobladores, o la ignorancia y el desdén ante la más importante concentración de cultura, productividad y conocimiento del país.

Es ya inaplazable cambiar los términos de la ecuación habanera. En la medida en que se sigan asignando recursos insuficientes para su rehabilitación, en que los gobiernos locales sigan siendo débiles, en que no se impulse y estimule una activa participación ciudadana, no podrá esperarse del otro lado de la ecuación otra cosa nuestra vieja, rota y cansada ciudad.

La ciudad construida y su entramado social son uno de los productos culturales más complejos y valiosos de la historia de cualquier país. El tema de las relaciones entre ciudad y sociedad ha animado el debate central de la sociología urbana desde sus inicios. Es algo comúnmente aceptado que, si bien la ciudad es una construcción social (ya que puede leerse una historia colectiva en su morfología y funcionamiento), también es cierto que ese ámbito construido, denso y diverso, tiene un fuerte impacto en la conducta social (en términos de libertad personal, variedad de opciones, capacidad de innovación…).

De tal modo que las ciudades no son solo productos históricos edificados, sino procesos colectivos en devenir. Muchos sujetos —gobiernos, empresas, familias, grupos sociales— hacen ciudad por acción u omisión, poniendo o quitando piedras, legitimando o censurando conductas y valores. En cierto modo, construir ciudadanía es definir los límites entre lo legítimo y lo ilegitimo, lo legal e ilegal, lo formal e informal. Y se trata de un proceso continuo de formulación y reformulación. Existen tiempos en los que se concretan y estabilizan consensos mayoritarios y épocas de crisis y cambio. En La Habana nos encontramos en una de ellas. No están claras las reglas de juego. El peso de la ciudad informal es grande en la economía, en la construcción, en el trabajo, en el transporte, en el lenguaje, en los valores. El impacto del Periodo especial ha desarticulado un proyecto y un pacto social, cuya rearticulación se encuentra en proceso.

¿Cuáles son los rasgos esenciales de la sociedad habanera actual?

Intentaré una breve caracterización y adelantaré algunas ideas sobre los ingredientes que debieran cambiarse en los términos de la ecuación, para superar la actual situación.

Algo esencial que caracteriza hoy a la sociedad capitalina es que aproximadamente la mitad de los habaneros no llegaba a los 10 años en 1990 [2], por lo que la mitad de su población ha vivido su vida consciente en pleno Período especial. Uno de cada dos habaneros no solo no vivió la época capitalista sino que tampoco conoció las radicales mejoras sociales alcanzadas en los primeros treinta años de Revolución. Para muchos de ellos, vivir en Cuba se asocia con dificultades económicas, desintegración del consenso social, desprestigio de valores como el trabajo, la solidaridad, la honestidad. La estructura y el comportamiento de este grupo social es resultado tanto de la crisis como de las medidas adoptadas para salir de ella: el trabajo por cuenta propia, la doble moneda, la introducción de relaciones mercantiles… Todo ello ha ido conformando una nueva estructura social, demográfica, de ingreso, de valores, así como nuevas dinámicas de ascenso y descenso social y nuevos patrones de desigualdad.

Efectos demográficos

En primer lugar, ha habido un radical cambio de tendencia demográfica. La Habana tiene, en 2014, la misma población que en 1990, casi un cuarto de siglo después. No solo el crecimiento natural ha disminuido hasta anularse (cada año nacen y mueren en la ciudad unos veinte mil habitantes), sino que el crecimiento migratorio tiene un saldo negativo (entran anualmente unas doce mil personas provenientes de otras provincias, pero salen al exterior unas dieciocho mil, con lo cual la ciudad pierde anualmente un promedio de seis mil residentes).[3]

En segundo lugar, se ha producido un proceso sostenido y progresivo de “deshabanización” y ruralización de la población habanera. El efecto combinado de la emigración inicial de la alta burguesía y parte de la clases medias, así como la salida posterior de residentes nacidos en la ciudad —hoy los que se van son jóvenes en su mayoría: dos tercios tienen entre 15 y 34 años y más de la mitad ha alcanzado nivel preuniversitario o universitario—, y la entrada de contingentes de población de otras provincias con un importante componente rural y más bajos niveles de instrucción, hacen que la cultura urbana se haya contagiado de hábitos, conductas, gustos y patrones culturales propios de otro hábitat. Según el Censo del 2002, los residentes nacidos en la ciudad eran menos de la mitad del total.[4]

En tercer lugar, es alarmante el envejecimiento demográfico. La tendencia nacional se agudiza en la capital del país donde, en 1960, había siete jóvenes por cada viejo, mientras que dentro de pocos años —en 2020— se calcula que haya dos viejos por joven, con los consiguientes efectos en la demanda de servicios de salud y de apoyo especializado, mayores cargas para la seguridad social, así como una tasa de dependencia cada vez más desfavorable.

En cuarto lugar y como corolario de algunos de los fenómenos ya explicados, se produce una mantenida reducción del tamaño familiar. Entre 1970 y 2002, las parejas con hijos se han reducido de 62% a 45%, las parejas sin hijos y las familias unipersonales se han incrementado de 25% a 37%, mientras que las monoparentales se han triplicado de 4% a 12%. El tamaño promedio del hogar habanero era, en 1970, de 4,5 personas, mientras que, en 2012, se había reducido a 2,8.[5]

Efectos económicos

Las medidas adoptadas para salir de la crisis han tenido indudables impactos en la vida de la ciudad. La expansión de la economía no estatal ha generado una mayor diversidad de la oferta comercial, gastronómica, habitacional, del transporte, pero también una concomitante degradación urbanística con abundantes y abusivas invasiones del espacio público, así como agresiones a la estética urbana.

Es evidente el incremento de las redes informales en el mercado de trabajo, en las vías de financiamiento (por ejemplo, a través de las remesas) y de comercialización de productos y servicios. Por otra parte, la base económica de la capital ha sufrido, además, una radical transformación por la fuerte descapitalización y obsolescencia tecnológica de una buena parte de la planta industrial, de almacenaje y de transporte.

Efectos sociales

De una parte, es evidente el congelamiento del gasto social [6] —con una reducción generalizada del presupuesto y una mayor focalización de los subsidios en aspectos como la alimentación o la vivienda—; de otra, la liberalización de las compraventas (de casas, de vehículos) y de los viajes al exterior, así como la mercantilización de numerosos servicios en el sector de la educación (los repasadores), de la salud (los dentistas), el transporte (los “almendrones”), el comercio (los “merolicos”), la cultura (la venta de DVD, los cines 3D, la distribución del “paquete” audiovisual), etc. Todo ello impacta en una creciente heterogeneidad y estratificación social. Alrededor de 5% de la población cubana —más de medio millón de personas— constituye el núcleo de una naciente clase media que va de vacaciones al balneario de Varadero, mientras que cerca de 25% se encuentra en niveles de vulnerabilidad —que en otros países se llamaría de pobreza—, en particular aquellas familias que dependen solamente de un salario estatal o de las pensiones. Ello a menudo coincide con patrones de género (madres solteras), o de color de la piel (se sabe que la proporción de remesas que arriba a estos grupos es ínfima).

Concomitantemente, se va dando un desgaste de las estructuras representativas —los niveles locales del Poder Popular tienen muy pocas atribuciones en una estructura centralizada y verticalista, así como escasos recursos para dar respuestas a las demandas de la población—, una languideciente y poco activa asociatividad en los sindicatos y organizaciones de masas, y todo ello redunda en niveles decrecientes de interés por la participación social. Por otra parte, la polarización del desarrollo económico, en zonas turísticas o especiales como la del Mariel, tiende a incrementar las migraciones hacia los polos urbanizados, lo que genera crecientes demandas de vivienda e infraestructura social.

Efectos físicos

El aspecto físico de la ciudad es, en la mayoría de sus barrios, deplorable —con la honrosa excepción del centro histórico en rehabilitación y algunas cuidadas zonas de Miramar o Siboney. La degradación de las infraestructuras urbanas ha sobrepasado los límites permisibles. La fragilidad de la ciudad ante riesgos tecnológicos (colapsos energéticos o de comunicaciones) y naturales (inundaciones por drenaje deficiente o inexistente, desplome de las redes aéreas por vientos fuertes) es cada vez más espectacular y agobiante.

La progresiva “formalización” de la economía informal en microempresas familiares o cooperativas de diversos sectores productivos y sobre todo de los servicios ha producido incrementos en la diversidad de la oferta, pero muy frecuentemente ha incidido en la estética urbana con construcciones y diseños de baja calidad.

La insuficiencia de la reparación, rehabilitación y construcción de vivienda es dramática. Si bien la ciudad alberga 20% de la población del país, el Estado solo le dedica 11% de las nuevas construcciones (unas cuatro mil viviendas para una población de más de dos millones de habitantes).[7] Si bien se liberan unas dos mil viviendas anuales por la emigración, se pierden otras mil por derrumbes.

La liberalización de la compraventa de viviendas ha flexibilizado, en alguna medida, la rigidez de un mercado dominado por las viviendas en propiedad, la inexistencia de alquiler estatal y un único mecanismo legal disponible de adecuación de la oferta a la demanda (la permuta). Sin embargo, se trata de un mercado segmentado por la intrusión de capital exterior (no solo de la comunidad cubana del exterior), que ha generado dos espacios de intercambio: uno con precios altos e inmuebles de calidad y otro, a precios más bajos, para la demanda local. Uno de los efectos de esa segmentación es el desplazamiento de las familias que ocupaban viviendas de calidad hacia edificios en peor estado, viviendas más pequeñas o barrios periféricos, a cambio de monetarizar la diferencia para mejorar su consumo diario. La edificación estatal dirigida a grupos de interés está generando condominios de médicos, de militares, mientras se incrementa la población albergada con cada tormenta que pasa por la ciudad.[8]

Es imprescindible el debate social y político

El nivel de acumulación de problemas y de interactuación entre ellos en la ciudad demanda de un mayor debate público. Hay temas en los que será difícil hallar proporciones o equilibrios que sean socialmente aceptables sin una discusión pública que articule un consenso social.

Se trata de ejes de tensión que no pueden tratarse como contradicciones:

• ¿Cuáles son los niveles de desigualdad que la sociedad cubana está dispuesta a tolerar por la introducción de relaciones mercantiles, y cuáles los de gasto que el país se puede permitir en los programas sociales para protección y equidad (y, por tanto, cual es la presión fiscal aceptable)?
• ¿Cómo articular un balance adecuado de los niveles de centralización en los ministerios con la necesidad de descentralización de atribuciones, capacidades y recursos a los gobiernos territoriales (en particular, la capacidad de decidir y ejecutar inversiones locales)?
• ¿Qué atribuciones jurídicas y económicas (niveles de ahorro, inversión, gastos en salarios…) se transfieren a la iniciativa autónoma de las empresas y cuáles deben ser funciones estatales de regulación y planificación que se mantienen a nivel central?
• ¿Qué proporción es la adecuada en cada momento entre los niveles de consumo y mejora de nivel de vida de la población y los niveles de acumulación e inversión para asegurar el desarrollo de la nación?
• ¿Cuál es la proporción oportuna entre los niveles de inversión en la ciudad de La Habana y los del resto del país, en particular en el tema habitacional?

Son todas cuestiones que comprometen el presente y el futuro no solo de la capital, sino de la nación, y que merecerían el más amplio debate político y ciudadano.

[Continúa]

–
Notas

[1]. Jordi Borja, La ciudad, una ecuación imposible, Ed. Icaria, Barcelona, 2013.
[2]. Censo de Población y Vivienda, 2002. Véase tabla II.2.
[3]. Cifras de los anuarios demográficos y estadísticos de la ONE. 2013. Muy probablemente, esta tendencia se haya agudizado desde 2013 debido al cambio de la legislación migratoria.
[4]. Censo de Población y Vivienda, 2002. Ver tabla II.14.
[5]. Ello no supone un mejoramiento de los estándares de vivienda, puesto que se desconoce la superficie habitable de esas “viviendas”.
[6]. Entre 2008 y 2012, el presupuesto asignado a educación, salud, vivienda y asistencia social disminuyó en 10%, mientras que el de seguridad social tuvo que incrementarse en 23% por el envejecimiento poblacional —¡y el de la defensa y orden interior en 59%! Véase Anuario Estadístico Nacional 2013, ONE, 2014.
[7]. En 2013 se redujeron a dos mil.
[8]. En 2013 había veinte mil habitantes albergados y ciento veinte mil con anuencia de albergue.

–
Acerca del autor

Carlos G. Pleyan. Sociólogo y urbanista. Asesor del Plan Maestro del centro historico y del Plan Director de La Habana.

Más artículos en este blog