Inclusión socio- tecnológica y ciudadanía inteligente. Expandir la red sí, pero ¿para qué?

13 junio, 2017

Side speaker en la ponencia Inclusión socio- tecnológica y ciudadanía inteligente. II Congreso Internacional De Paisaje Urbano, ICOUL. Barcelona, 12-14 junio 2017.

Mapa de todos los dispositivos conectados a la red. Fuente: “19 mapas que explican la geografía de Internet“

La expansión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación es exponencial aunque todavía muy desigual en el mundo. En la última década, gran parte de los países latinoamericanos y del Caribe han desplegado planes nacionales para promover la extensión de sus redes y el acceso a internet para intentar mitigar estos desequilibrios. Entre el 2010 y el 2015 se ha doblado el porcentaje de hogares conectados, alcanzando una media de 43,4%, la mitad que la media de los países de la OCDE (CEPAL, 2016).

Hace un mes, Brasil anunció la puesta en órbita de un nuevo satélite que podrá garantizar la cobertura de internet de banda ancha de calidad en 100% de su territorio, beneficiando especialmente las zonas rurales, actualmente desprovistas en casi su totalidad de cualquier tipo de conexión.[1]

La brecha digital, entendida como la desigualdad entre poblaciones y diferentes colectivos en  el acceso a la red en un sentido amplio, es una de las muchas formas de exclusión social, y por lo tanto, mitigarla ha de ser objeto de las políticas públicas. Sin embargo, no se trata únicamente de expandir la red.

En 2010, el 64,5% de la población brasileña sin acceso a internet no la utilizaba por falta de interés, necesidad o conocimiento, y sólo una tercera parte de esa población no la utilizaba por la imposibilidad de acceder a la red (FGV 2012).[2]

Estos datos como mínimo denotan la necesidad de insistir en políticas orientadas, no solo a expandir la red de calidad y de forma universal, sino que también a la educación y al aprendizaje con el objetivo de capacitar a la población a reconocer el potencial de la red, su potencial como actor en esta nueva esfera pública y a posicionarse críticamente en relación a los datos que se disponen en la red.

La inclusión digital o la infoinclusión ha de ser la vía para empoderar a la ciudadanía e incidir en la sociedad. Por lo tanto, las nuevas tecnologías de la información y comunicación deben facilitar no solo el consumo de la información, sino que,  la transformación, producción y coproducción de información y conocimiento.

En este sentido, las políticas públicas para la inclusión digital, se configuram como políticas integrales que deberían apoyarse en al menos tres pilares:

1) Conectividad y acceso como un servicio público:

  • Penetración de la red de banda ancha fija y móvil de calidad con independencia del mercado.
  • Acceso público y gratuito en centros de interés público (centros de investigación, universidades, escuelas, hospitales, telecentros comunitarios, plazas, bibliotecas, etc.)
  • Acceso universal con capacidad de atender a las minorías étnicas, discapacitados, personas mayores, de diferentes clases sociales, género e idioma y con garantías de privacidad y protección de datos (posible con el software libre)

2) Educación y aprendizaje:

  • Alfabetización digital (cómo usar las TICs para el ejercicio de la ciudadanía, procesamiento crítico de la información, producción de conocimiento compartido, participación y colaboración, etc.)
  • Formación de formadores en alfabetización digital
  • E-learnig para ampliar el alcance de la formación, incluyendo también otros campos no relacionados con las TICs para fortalecer el pensamiento crítico y creativo  (MOOCs ganan un rol fundamental en este aspecto).

3) Información y el conocimiento como un bien común:

  • Gobierno abierto y el open data garantizando la interoperabilidad de los datos y su usabilidad por diferentes niveles de usuarios
  • Proyectos en base a datos abiertos y centrado en el ciudadano en cooperación con otros actores.
  • Desarrollo, implantación y uso del software libre de forma masiva.

Estos temas ya hacen parte de la agenda digital de muchos países latinoamericanos y del Caribe, aunque no siempre de forma integrada. En el informe del CEPAL de 2016 sobre el estado de la banda ancha en estos países, se puede contrastar en qué se apoyan las políticas digitales de cada país. Los principales temas tratados son infraestructura (14 países), gobierno electrónico y difusión de TIC (11 países cada uno), educación (10 países) e innovación digital (9 países).

Muchos de los países de la región han emprendido en mayor o menor grado iniciativas de apertura de los datos y de implantación, uso y desarrollo del software libre, aunque en general, no incluidas en las políticas de inclusión digital.

Brasil ha sido el pionero mundial en el despliegue masivo del software libre en la Administración Pública. Además, conjuntamente con México y Uruguay ha logrado a hacer parte de la lista de los 20 países líderes en el mundo en materia de datos abiertos.

Sin embargo, el último informe del Open Data Barometer para América Latina, señala que las iniciativas relacionadas con los datos abiertos con mejores resultados a largo plazo nacen desde las organizaciones de la sociedad civil, y que desde los gobiernos por lo general no se implementan políticas estables de largo plazo.

En este sentido, integrar estas iniciativas dentro de una política de inclusión digital haría avanzar hacia el empoderamiento de la ciudadanía en igualdad de oportunidades.

El objetivo final es promover una ciudadanía inteligente, que utiliza las tecnologías de la información y comunicación para impulsar una transformación social, política, económica y cultural. Capacidad de transformación que se percibe a través del uso que se le da a la red. No se trata de pasar de la desconexión a la hiperconexión, sino más bien de avanzar hacia un uso “inteligente” de la red y de la información.

Enric Puig, cofundador del Institut Internet, remarca en una reciente entrevista, que con la hiperconexión la información está dejando de ser “el elemento central y la centralidad la adquiere la construcción del usuario en la red”.

Volviendo al principio, hay que expandir la red sí, pero como parte de una política integral de inclusión digital con el fin de promover el uso de las TICs para el ejercicio de una ciudadanía inteligente, sin caer en la construcción de perfiles sociales con poca o nula capacidad de transformación.

Terminaré planteando otra pregunta: ¿Qué papel ha de jugar la ciudad, escenario por excelencia de grandes contradicciones y brechas, para promover desde lo local, esta inclusión digital que da lugar a la movilización, participación y acción colectiva de la ciudadanía?


Notas:

[1] En 2010, el 16% de los hogares en Brasil estaba ubicado en zonas rurales y solo un 6% de estos disponía de conexión en internet.

[2] En 2010, 27% de los hogares en Brasil no tenían internet.

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Autor / Autora
Mirela Fiori
  • Directora del área de Ciudad y Urbanismo
  • Estudios de Derecho y Ciencias Políticas
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